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Las verdaderas razones del colapso de las multas por transitar sin tag
Las sanciones por circular sin dispositivo representan cerca del 80% del total de multas de tránsito no pagadas. Este año, los municipios desempolvaron partes anotados desde 2005 y el sistema reventó, afectando a miles de automovilistas. El episodio dejó al descubierto el burocrático circuito por el que debe viajar este tipo de infracciones, compuesto por organismos públicos y privados sin coordinación o dirección oficial. Hay esfuerzos particulares para mejorar la situación, pero nada garantiza que el próximo año no ocurra lo mismo.
Fecha de Publicación: 18/04/2011

FUENTE EMOL: Claudia Urzúa 

Marzo es sinónimo de apreturas económicas y tiempo malgastado en trámites. Uno de ellos es la renovación de los permisos de circulación para los automóviles, que suele concentrarse en las últimas semanas del mes y genera aglomeraciones de público en las oficinas municipales y en los juzgados de policía local. Este año, sin embargo, la acumulación de multas de tránsito por pasar sin el dispositivo tag por las autopistas concesionadas convirtió una diligencia aburrida en un peregrinaje agónico para miles de automovilistas.

Se vieron situaciones insólitas: aparecieron multas antiguas a patentes que habían renovado el permiso de circulación sin problemas en años anteriores. Hubo conductores que se encontraron con sanciones que ya habían pagado y otros que descubrieron que los autos usados que compraron -creyendo limpios- igual tenían causas pendientes. Todos ellos tuvieron que presentar sus casos ante el juez de policía local del municipio que le cursó la infracción, con las consiguientes idas y vueltas para lograr que los cobros fueran anulados, rebajados o eliminados del sistema. Si no resolvían el tema, no podían renovar el permiso de circulación.

Tres datos clave. Primero: las multas por concepto de tag de 2010, que se gestionaron este mes de marzo, representan el 79% de las anotaciones totales del Registro Nacional de Multas de Tránsito no pagadas operado por el Registro Civil. Segundo: este tipo de multas crecieron este año un 95% en relación con el proceso anterior (pasaron de 785.031 a 1.530.799). Tercero: de todas las multas anotadas en 2010, la mayoría (1.208.234) son causas originadas entre 2009, 2008 y 2007. También hubo 124.234 multas creadas en 2006 y 24.874 correspondientes a 2005. Y todas éstas aparecieron ahora, de golpe.

¿A qué se debe este atasco que parece inexplicable? Al analizar la ruta de los partes aparece un sistema complejo, compuesto por actores públicos y privados, que nadie coordina o dirige en forma oficial y en el que las funciones están tan repartidas que nadie asume la responsabilidad completa.

Culpa de nadie

Desde que un auto sin tag atraviesa un pórtico hasta que esa infracción se convierte en una multa, intervienen las concesionarias de las autopistas de alta velocidad, el Departamento de Inspección Fiscal del Ministerio de Obras Públicas (MOP), los departamentos de Administración y Finanzas de las municipalidades (DAF), los juzgados de Policía Local y el Registro Nacional de Multas de tránsito no pagadas del Registro Civil. En total, cinco organismos, entre privados y públicos, lo que revela la burocracia con que opera este circuito.

El uso de un dispositivo sofisticado único en el mundo -el tag- implica una alta exigencia para procedimientos administrativos que todavía sufren de retraso tecnológico. En muchas tesorerías municipales y juzgados se siguen llenando planillas Excel a mano (ver infografía).

Pero vamos al inicio de todo. La cadena se inicia con las concesionarias, que emplean unos 20 días para enviar al MOP la información sobre los infractores fotografiados en los mismos pórticos. Luego el ministerio entrega a las municipalidades los casos revisados de infractores. Lo hace por medio de un CD. En este proceso se pueden tardar uno o dos meses. "Nosotros enviamos los denuncios por infracción recibidos desde las autopistas y no volvemos a saber del tema", explica Jaime Retamales, de Concesiones del MOP.

En enero de 2010, una modificación a la ley de Concesiones entregó la responsabilidad de la tramitación de las denuncias a las DAF municipales, con el objetivo de descongestionar la sala de espera de los juzgados, que eran los anteriores encargados de procesar toda la información.

En San Bernardo, la comuna que contiene 12 pórticos de la Autopista Central y en la que se verifica el 70% de las multas impagas de todo Chile por transitar sin el dispositivo, los funcionarios de la oficina de Tag (dependiente de la municipalidad) atendieron hasta 200 casos en los días de la renovación del permiso de circulación. Sólo son tres empleados: dos de planta y una estudiante en práctica. Pasado ya el colapso, resuelven decenas de consultas diarias sobre dónde y cómo ir a pagar una multa y qué hacer para no figurar como infractor en el registro oficial. En la oficina, tapizada de estantes con archivadores, se acumulan cartas certificadas devueltas por domicilio equivocado y nuevas cartas que están por partir. Ambas notifican a un infractor que puede acercarse a la municipalidad a cancelar la multa o que, de lo contrario, sus antecedentes serán remitidos a un juzgado de policía local.

San Bernardo envía 30 mil cartas al mes, lo que les implica un gasto de unos $30.000.000 mensuales. Calculan que sólo el 5% de esos destinatarios concurren a pagar. Para los municipios no resulta un proceso lucrativo hacerse cargo de las multas.

En la práctica, la mayoría de las denuncias por infracción siguen recayendo en los tribunales, pese al incentivo de una rebaja del 30% en la multa si se paga en la DAF dentro de los primeros cinco días posteriores a la notificación. Un número mínimo de multados lo hace.

"Este es, primero, un problema de educación. La gente no asume que no pagar la cuenta del tag es una infracción a la Ley de Tránsito", afirma el alcalde Rodrigo Delgado, presidente de la comisión de Tránsito de la Asociación de Municipalidades.

Desde que comenzó el pago por el uso de tag, en 2005, las municipalidades han hecho esfuerzos individuales para actualizar sus procedimientos. Pero el nivel es disparejo según los recursos humanos y tecnológicos de que disponen. En las DAF se realizan múltiples tareas del municipio y, con poco personal, el cobro administrativo de las multas se hace cuesta arriba. De hecho, sólo en esta etapa del proceso se pueden llegar a demorar hasta cinco meses.

Lo mismo ocurre en los juzgados: algunos no tienen más de 10 funcionarios, desde el juez hasta el administrativo, para asumir el gran volumen de denuncias.

En la justicia local admiten que gran parte del atasco se produce entre sus paredes. "La información (de las denuncias) llega vía computacional, pero los tribunales deben imprimirla y formar un proceso (en papel) para cada una de ellas. Esto hace que la burocracia crezca y que los juzgados se llenen de papeles y archivadores", explica María Eugenia Espinoza, presidenta de la Asociación de Juzgados de Policía Local.

A esto se suma la cantidad de denuncias que ingresan en forma mensual. "Sólo en 2009, Independencia recibió 85.533 causas, un juzgado de San Bernardo ingresó 120.932 y Lo Espejo 7.654", agrega la magistrada. Ya en 2007, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo concluyó que el volumen de causas por concepto de tag superaba la capacidad de gestión de los 38 juzgados de Santiago.

¿Qué ocurre con los que siguen sin pagar? Los morosos figuran en el Registro Nacional de Multas de Tránsito no Pagadas, la nómina con la que trabajan los municipios para ver si otorgan o no el permiso de circulación y que cierra su proceso anual los 30 de noviembre. Esto quiere decir que toda infracción registrada en fechas posteriores debe ser consultada a través de un certificado de anotaciones vigentes en el Registro Civil, pues aparecerá en la lista de multas recién a partir de diciembre del año siguiente.

El Registro Civil provee, en teoría, la información oficial a los municipios. Pero cuando el sistema trata de ponerse al día, como ocurrió este año, los que se llevan la sorpresa son los usuarios, con multas antiguas que no sabían que existían y que, en muchos casos, corresponden a los antiguos propietarios del vehículo.

"El Registro Civil no detecta las infracciones, sino que cumple el rol de registrar: recibimos información de los tribunales y las municipalidades para ingresar y eliminar multas", señala Roberto Medina, director del Registro Civil.

En diciembre de 2009, la institución fue auditada por la Contraloría respecto de la integridad y seguridad de la información contenida en su base de datos. En ese proceso, el organismo contralor detectó desfases superiores a los dos años en el ingreso de una multa después de dictada la sentencia (hubo un caso, en un juzgado de Santiago, en que el atraso superó los 40 meses). En respuesta, el Registro Civil argumentó que el atraso correspondió a una demora de los juzgados de policía local, entidades sobre las que no tiene competencia, y que se encontraba trabajando en habilitar un nuevo portal informático para el Registro de Multas. Éste se encuentra operativo desde mayo de 2010, pero hasta ahora solamente hay tres municipios del país en línea con esta base de datos: Lo Espejo, Macul y San Joaquín.

Desde el servicio aseguran que cualquier municipalidad que quiera consultar, cargar información, verificar informes y revisar el avance de los documentos puede hacerlo -sin convenio de por medio- si solicita una clave de acceso.

Esfuerzos disgregados

Pero ¿por qué este marzo fue más caótico de lo acostumbrado?

En 2011, el rezago de años en el procesamiento de la información se transparentó. "Los juzgados y los municipios se pusieron al día en 2010 con información de hasta cinco años antes", explica Jaime Retamales, director de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.

La visión es compartida por las concesionarias. "Hubo un retraso en la implementación inicial del sistema, que se ha ido corrigiendo en la medida en que los distintos actores responsables hemos ido aprendiendo el mecanismo establecido. Las responsabilidades son compartidas y estamos todos con el ánimo de corregir para mejorar", comenta Clemente Pérez, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa). Agrega que lo de marzo fue "una situación puntual debido al proceso de actualización del Registro de Multas". Indica que para el próximo año "ya no debería ocurrir".

En el Ministerio de Obras Públicas, responsable de las políticas públicas en materia de obras concesionadas, se propusieron asumir un rol activo en la coordinación: empezaron en marzo, agregando al sitio web un portal de consultas que tuvo 2,3 millones de visitas, con peaks diarios superiores a las 200 mil visitas, y van a continuar todo el año con el trabajo de un equipo técnico integrado por la dirección de Concesiones, la subsecretaría de Desarrollo Regional, el Ministerio de Transportes, el Registro Civil y las municipalidades. "Decidimos hacernos cargo por consideración a los usuarios", indica Jaime Retamales.

Otras alianzas e iniciativas han surgido, después del colapso. La Asociación Chilena de Municipalidades está trabajando en una propuesta con la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), los municipios se están poniendo en línea con el Registro Civil y las autopistas concesionadas tienen portales habilitados donde se puede preguntar por la situación de una patente. Esfuerzos disgregados como el sistema mismo, ninguno de los cuales puede garantizar que el problema no se repita en marzo de 2012.

El Registro Civil tiene nuevo portal informático para el Registro de Multas, que se encuentra operativo desde mayo de 2010. Pero hasta ahora solamente hay tres municipios del país en línea con esta base de datos: Lo Espejo, Macul y San Joaquín.En San Bernardo, la comuna que contiene 12 pórticos de la Autopista Central y en la que se verifica el 70% de las multas impagas de todo Chile por transitar sin el dispositivo, los funcionarios de la oficina de Tag municipal atendieron hasta 200 casos en los días de la renovación del permiso de circulación. Sólo son tres empleados.

 Un caso típico de este marzo

Ocurrió en San Bernardo, durante los días de renovación del permiso de circulación, pero es un caso paradigmático de los problemas que vivieron muchos automovilistas este año. La persona compró un vehículo usado, sin antecedentes, en abril de 2009. No tuvo problemas en pagar su permiso de circulación en 2010, pero para el proceso de este año le aparecieron multas que superaron los $493.470. Tenía doce multas por pagar, 9 de ellas registradas en San Bernardo. Al analizar la situación en la oficina del tag, los funcionarios concluyeron que todas las sanciones correspondían al dueño anterior.

¿Cómo pudo ocurrir esto? Cuando esta persona compró su vehículo no existía la infracción de tránsito, pero sí la denuncia de la autopista en contra de la placa patente. En el período en que la concesionaria informa al MOP, no hay cómo saber si existe o no una multa. El proceso continuó en los juzgados de policía local, que envió una primera citación al domicilio del antiguo dueño. La carta fue enviada el 12 de enero de 2010. El primer propietario no respondió ni se presentó a pagar, por lo que la placa patente fue sentenciada a pagar la multa sin derecho a rebaja. Como tampoco hubo respuesta, el juzgado envió la infracción al Registro de Multas en octubre de 2010, trámite que significó que el actual dueño del vehículo no pudiera renovar el permiso. Aunque se detectó que las multas no le correspondían, esta persona decidió pagarlas, porque estaba apurada y no tenía tiempo para acudir a los juzgados de policía local a explicar su caso.

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